Santo Domingo, R.D. Con motivo del Día Internacional de los Derechos Humanos, Proactividad para la Cooperación y el Desarrollo Social (PROACTIVIDAD) y la Red de Voluntarios de Amigos Siempre Amigos (REVASA), con el apoyo de la Agencia de Cooperación Española en la República Dominicana (AECID), presentaron el informe: «Violación de Derechos Humanos en la población LGBTIQ».
«Durante años, la situación de las personas LGBTIQ en el país, ha sido motivo de investigación para distintas organizaciones, agencias y activistas que actúan de manera independiente.
La falta de asistencia legal, de procesos para la colocación de denuncias que sean amigables o del debido proceso judicial, lo que se traduce en poco o nulo acceso en materia de justicia, ha volcado la vista de algunas entidades a estas situaciones de violaciones a los derechos humanos de dicha población, a nivel nacional», explicó Elías Ramos, director ejecutivo de PROACTIVIDAD.
En ese mismo tenor, Daniel Benítez, director ejecutivo de REVASA, expreso que buscan con la sistematización de esta información, la cual fue obtenida a través de la Plataforma de Documentación de Casos CID ,“promover una figura legal para la garantía de nuestros derechos, prevenir los daños y abusos que genera la violencia institucional y que suelen ocurrir a las personas LGBTIQ en lo cotidiano, además de, las inequidades del sistema en cuanto al respeto por los derechos humanos.
En síntesis, visibilizar la realidad sobre la violencia, restricciones y vulneración de derechos ejercidas desde el propio Estado», explicó Benítez.
En ese mismo orden, el activista denunció que la discriminación imperante en la mayoría de las estancias del Estado dominicano, crea brechas, que a su vez generan más violencia, la negación de derechos y en la mayoría de los casos, incluso, la posibilidad de colocar una denuncia o dar seguimiento a los casos.
«Despidos injustificados, negación de servicios médicos, poco o nulo acceso a viviendas, educación y abuso policial, son sólo una parte de la forma en la que se expresa la discriminación y que son parte de las documentaciones de casos de las violaciones a que somos sometidos», explicó Benítez.
Como ejemplo de tal situación, Ramos explicó lo que suele ocurrir en los dos observatorios que trabajan en la defensoría de los DDHH, de las poblaciones vulnerables.
«La experiencia indica que los sobrevivientes de violaciones les reportan los casos a las organizaciones a la cuales pertenecen, para que los documenten; pero rechazan poner denuncias o acceder al sistema judicial del país, por temor al estigma y discriminación que sufren cuando sus casos son conocidos», denunció el activista.
Ramos entiende que aunque esta decisión de las víctimas es comprensible, debido al estado de discriminación hacia la población LGTBIQ, “se necesitan estrategias para que las violaciones de los DDHH sean debidamente denunciadas y no vuelvan a ocurrir, porque la impunidad nutre la impunidad, el estigma y la discriminación, en particular las mujeres trans donde se refleja un mayor temor y una tasa más alta de rechazo y discriminación.
«Las mujeres transgénero que realizan el trabajo sexual, sufren distintas situaciones con las fuerzas de seguridad, que van desde: extorción, violaciones sexuales, detenciones, allanamientos, tratos humillantes y degradantes, violencia física y verbal», denunció.
De igual manera, el titular de REVASA reveló que en los procesos de las detenciones «se les viola el derecho a realizar alguna llamada, tener conocimiento de porqué se les está deteniendo y el tiempo de detención es, en muchos de los casos, por encima de las 48 horas reglamentarias».
Asimismo, Benítez externó que la falta de vigilancia al ejercicio de las funciones de las fuerzas de seguridad por parte Estado, permite que los mismos/as puedan cometer diferentes tipos de violencia hacia las personas que expresan una orientación sexual o identidad de género diferente.
«También se visibiliza en este informe -aportó Benítez- que el mayor número de violaciones ocurren en el Distrito Nacional, La Vega, San Cristóbal, Santo Domingo Este y Santo Domingo Oeste».
Por último, Ramos externó que el Estado tiene la obligación de «garantizar los derechos de todos los ciudadanos y ciudadanas, más aún, garantizar los derechos de las personas que se ven afectadas, directamente, como son las personas LGBTIQ».
